Diferencias entre decreto y real decreto

Introducción

En el ámbito jurídico y administrativo, los términos «decreto» y «real decreto» se refieren a instrumentos legales con características y alcances específicos.

Aunque ambos son formas de normativa emitidas por el poder ejecutivo, difieren en su rango, autoridad y proceso de elaboración.

En este artículo, exploraremos las 10 principales diferencias entre un decreto y un real decreto, destacando su importancia y su función dentro del sistema legal.

Diferencias

• Origen histórico y geográfico: El «decreto» es un término más genérico utilizado en varios sistemas legales para designar una orden ejecutiva o una norma administrativa. En cambio, el «real decreto» es específico del sistema jurídico español, donde indica una norma emanada del Rey, por recomendación de un ministro o del Consejo de Ministros.

• Autoridad que los emite: Un decreto puede ser emitido por diferentes niveles de la administración, como el poder ejecutivo nacional, regional o local, dependiendo del sistema jurídico. El real decreto, sin embargo, es emitido siempre a nivel nacional en España y lleva la firma del Rey, aunque su elaboración y propuesta corresponden al Gobierno.

• Jerarquía normativa: En la jerarquía de las normas, los reales decretos tienen un rango superior a los decretos ordinarios, especialmente en sistemas legales como el español. Esto significa que los reales decretos pueden regular materias con un alcance más amplio y con una fuerza normativa mayor.

• Procedimiento de aprobación: Los reales decretos requieren de la deliberación y aprobación en el Consejo de Ministros, y posteriormente de la sanción y firma del Rey. Los decretos ordinarios, por otro lado, pueden ser aprobados directamente por la autoridad ejecutiva correspondiente sin necesidad de estos pasos.

• Ámbito de aplicación: Los decretos pueden tener un ámbito de aplicación más limitado, como un municipio, una ciudad o una comunidad autónoma. Los reales decretos, en cambio, tienen un ámbito de aplicación nacional en España.

• Publicación y entrada en vigor: Tanto los decretos como los reales decretos deben ser publicados en el boletín oficial correspondiente para entrar en vigor. No obstante, los reales decretos, por su importancia, suelen tener una difusión y un proceso de publicación más formalizados.

• Duración y estabilidad: Los reales decretos suelen tener una duración indefinida hasta que son derogados o modificados por otra norma de igual o superior rango. Los decretos, en cambio, pueden ser de carácter más temporal o específico, especialmente si se emiten para situaciones concretas.

• Fuerza legal: Los reales decretos tienen una fuerza legal que los coloca inmediatamente por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias, pudiendo regular una amplia gama de materias. Los decretos tienen una fuerza menor y suelen estar subordinados a las disposiciones de mayor rango.

• Proceso de derogación o modificación: Modificar o derogar un real decreto requiere de un procedimiento similar al de su aprobación, incluyendo la deliberación en el Consejo de Ministros y, en ocasiones, la intervención del Parlamento. Los decretos ordinarios pueden ser modificados o derogados más fácilmente por la autoridad que los emitió.

• Control judicial: Tanto los decretos como los reales decretos están sujetos a control judicial y pueden ser impugnados ante los tribunales. Sin embargo, dado su mayor peso normativo, los reales decretos pueden tener un impacto más significativo en caso de litigio y suelen ser objeto de un escrutinio más detallado.

Conclusión

Los decretos y reales decretos son herramientas legales fundamentales en la administración pública, cada uno con características y funciones específicas dentro del sistema legal.

Mientras que el decreto es un instrumento más flexible y de alcance variable, el real decreto se establece como una normativa de mayor rango y formalidad, esencial en la estructura legal de países como España.

Comprender sus diferencias es crucial para apreciar la complejidad y el funcionamiento del derecho administrativo y constitucional.