El MPP o Protocolo de Protección a Migrantes es una política migratoria que ha sido implementada por el Gobierno de los Estados Unidos desde enero de 2019. Esta política, también conocida como «Quédate en México», obliga a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos desde México a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo.
Esta medida ha sido muy controvertida desde su implementación, y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos. Se considera que viola el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos. A pesar de ello, el programa ha sido suspendido y reactivado varias veces, y ha sido objeto de varios fallos judiciales. En enero de 2023, el programa fue nuevamente reactivado por orden judicial.
El MPP se aplica a los ciudadanos y nacionales de países distintos a México que llegan a los Estados Unidos por tierra desde México, independientemente de si lo hacen a través de un puerto de entrada o no. Es decir, se aplica a todas aquellas personas que intentan ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur de México.
El programa busca reducir el número de solicitantes de asilo que ingresan a los Estados Unidos de manera irregular, y obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud. Esta medida ha sido criticada por muchos, ya que se considera que pone a los solicitantes de asilo en una situación vulnerable en México, donde pueden ser víctimas de violencia, explotación y otros riesgos.
Para comprender mejor el MPP, es importante conocer su historia y cómo ha evolucionado desde su implementación. La política fue anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos en diciembre de 2018, y se implementó oficialmente en enero de 2019. El programa fue diseñado para aplicarse a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos desde México.
Desde su implementación, el programa ha sido muy controvertido y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos. Muchos argumentan que viola el derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos, y que pone a los solicitantes de asilo en una situación vulnerable en México. Además, se ha demostrado que el programa no ha logrado reducir el número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos.
El MPP ha sido suspendido y reactivado varias veces desde su implementación. En marzo de 2020, el programa fue suspendido debido a la pandemia de COVID-19. En noviembre de 2020, el programa fue declarado ilegal por un juez federal, y se ordenó su suspensión. Sin embargo, la decisión fue revocada por un tribunal de apelaciones en enero de 2021, lo que permitió la reactivación del programa.
En agosto de 2021, el programa fue suspendido nuevamente por orden judicial. La decisión fue tomada por un juez federal en Texas, quien consideró que el programa era ilegal y que violaba la ley federal. La decisión fue posteriormente confirmada por un tribunal de apelaciones en septiembre de 2021.
En enero de 2023, el programa fue nuevamente reactivado por orden judicial. Esta decisión fue tomada por un juez federal en el estado de Louisiana, quien consideró que el programa era legal y que debía ser reactivado.
A pesar de las críticas y las controversias, el MPP sigue siendo una política migratoria vigente en la frontera sur de los Estados Unidos. El programa obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo, lo que puede llevar meses e incluso años. Durante este tiempo, los solicitantes de asilo enfrentan una serie de desafíos y riesgos, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y alimentación, la exposición a la violencia y la explotación, y la dificultad para obtener asistencia legal y apoyo para su caso de asilo.
Para muchos solicitantes de asilo, la aplicación del MPP significa vivir en campos de refugiados improvisados en México, donde enfrentan condiciones precarias y peligrosas. Según informes de organizaciones de derechos humanos, los campos de refugiados en la frontera sur de México están sobrepoblados, insalubres y carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento.
Además de las condiciones inseguras y precarias, los solicitantes de asilo que están sujetos al MPP también enfrentan obstáculos significativos para obtener asistencia legal y presentar su caso de asilo. El acceso a abogados de inmigración y otros recursos legales es limitado en México, y muchos solicitantes de asilo enfrentan barreras lingüísticas y culturales que dificultan su capacidad para navegar el sistema de asilo.
A pesar de estos desafíos, existen organizaciones y grupos de apoyo que trabajan para proporcionar asistencia y protección a los solicitantes de asilo en la frontera sur de México. Info Digna y HIAS México son dos organizaciones que brindan asistencia legal y humanitaria a los solicitantes de asilo en la región. Estas organizaciones trabajan para garantizar que los solicitantes de asilo tengan acceso a los servicios y recursos que necesitan para proteger sus derechos y avanzar en sus casos de asilo.
En conclusión, el MPP es una política migratoria implementada por el Gobierno de los Estados Unidos en enero de 2019. Esta política obliga a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos desde México a permanecer en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo. El programa ha sido muy controvertido desde su implementación y ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos. A pesar de las críticas y las controversias, el programa sigue siendo vigente en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que significa que los solicitantes de asilo enfrentan una serie de desafíos y riesgos mientras esperan que se procese su solicitud de asilo en México. Afortunadamente, existen organizaciones y grupos de apoyo que trabajan para proporcionar asistencia y protección a los solicitantes de asilo en la región, lo que es un paso importante para garantizar que se respeten los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos.